INTERNET, CONTRATOS Y MENORES DE EDAD

        Algunas de las situaciones en las que desde hace unos años podemos encontrarnos los abogados, son las reclamaciones de nuestros clientes por actuaciones de sus hijos menores de edad que, al margen del consentimiento de sus padres, acceden a la red y llevan a cabo determinadas actuaciones contrarias a derecho, como puede ser por ejemplo la celebración de una compra por internet. Nuestro Código Civil determina en su artículo 1263 que “no podrán prestar consentimiento : 1.-los menores de edad no emancipados ; 2.- los incapacitados”;  y en  su artículo 1261 señala que el consentimiento es  uno de los requisitos “esenciales” para la validez de los contratos.

                Según el tenor literal de la ley, un menor de edad no emancipado, no podría celebrar con plena eficacia ningún tipo de contrato (incluidos los celebrados mediante contratación electrónica) y por tanto, los padres podrían proceder en virtud del principio de la anulabilidad de los contratos como determina el artículo 1301 del Código civil, a dar por resuelta  y anulada dicha relación contractual, durante el plazo de 4 años, sin perjuicio todo ello del posible resarcimiento de daños y perjuicios que dicha contratación haya podido ocasionar al prestador del servicio o comercio electrónico. También hay que recordar que determinadas Comunidades Autónomas, como sucede en Aragón, dan a los menores de edad mayores de 14 años, mayor autonomía y grado de capacidad que en el resto de las Comunidades Autónomas.

                No obstante el rigor literal de la ley, lo cierto es que la Jurisprudencia de nuestro Alto Tribunal, ha atenuado la severidad del precepto y acepta como válido el contrato celebrado por un menor no emancipado, siempre que quede dentro de la “habitualidad” y los “usos sociales”; en esta línea también se vislumbra el artículo 2 de la Ley Orgánica de Protección del Menor de 1996 que determina que “las limitaciones a la capacidad de obrar de los menores se interpretarán de forma restrictiva” (piénsese en las acciones habituales de un menor como comprar caramelos, ir al cine, etc., en las que resultaría casi cómica una posible reclamación de un padre dando por resuelto el contrato de compra de una entrada de cine o la compra de unos caramelos por falta de consentimiento de sus hijos).

                Teniendo lo antedicho en cuenta, resulta difícil poder proceder a dar por anulable un contrato celebrado por un menor de edad, salvo que salga de la contratación habitual o razonable, lo que supondrá un verdadero esfuerzo probatorio por parte de los perjudicados de dicho daño o, y es aquí donde entra en auge la seguridad jurídica de internet, que podamos demostrar que ese prestador de servicios o ese comercio electrónico, no cumple con la normativa de la Ley de Servicio de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico ( Ley 34/2002), con la Ley de Protección para la Defensa de los Consumidores y Usuarios  (RDL 1/2007) o la Ley de Condiciones Generales de la Contratación (Ley 7/1998):

                Por parte de la primera, será necesario determinar que se ha procedido a informar debidamente tanto con anterioridad como con posterioridad a la venta de las condiciones de la contratación (salvo que estén integrados en la web de venta; los términos y condiciones legales) como determina la LSSI en su  artículo 27; así como también la confirmación de la venta  mediante “acuse de recibo por correo electrónico o medio equivalente dentro de las 24h. contadas desde la recepción de la aceptación” o bien mediante “La confirmación, por un medio equivalente al utilizado en el procedimiento de contratación, de la aceptación recibida, tan pronto como el aceptante haya completado dicho procedimiento, siempre que la confirmación pueda ser archivada por su destinatario”por otro lado, la obligatoriedad de que las clausulas contractuales estén redactadas con transparencia, claridad, concreción y sencillez como señala el artículo 5.5. de LCGC  o que se cumpla con una  completa información de la oferta comercial como señala la LGDCU en su artículo 20.

                Por todo ello, en un principio, siempre sería más fácil intentar la acción en torno a un argumento de ilegalidad de seguridad jurídica de internet que, procedere a  determinadas acciones civiles que podrían llevarnos a un fracaso como litigantes, dada la flexible interpretación de la norma que, en ocasiones, se fragua en nuestros tribunales.

¿Negocios online???.. consúltanos

 Amado Sirvent Domínguez

Abogado 

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